El Protocolo de Kyoto en 1997 arrancó un primer compromiso de algunos países para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.
No entró en vigor hasta Febrero del 2005 asumiendo los Gobiernos la responsabilidad y compromiso específico en la limitación de emisiones y la promoción de las energías renovables.
El Gobierno español desarrolló el Plan de Fomento de Energías Renovables 2000-2010, que renovó con el Plan 2005-2010 donde fijó unos objetivos de potencia instalada para diferentes fuentes de energía renovables, que le permitieran alcanzar los compromisos que había firmado en el protocolo de Kyoto. En concreto estos planes fijaron un objetivo para 2010 del 12% de cobertura de las necesidades energéticas a partir de fuentes renovables.
Se consideró que la voluntad política no era suficiente, a través de diferentes decretos, y muy especialmente con el Real Decreto 436/2004 de 12 de Marzo, el Gobierno fijó un marco jurídico y económico a largo plazo destinado a favorecer la inversión privada en fuentes de energía renovables.
Entre otras medidas, las más importantes en relación a la producción de energía solar fotovoltaica fueron:
§ Garantizar a los productores de energía solar fotovoltaica la compra de toda su producción eléctrica.
§ Garantizar unos precios de venta de dicha energía muy superiores al precio de mercado y de referencia de la energía eléctrica, asegurando así la rentabilidad de las plantas de producción solar fotovoltaica.
Como ejemplo, el Real Decreto garantizaba a las plantas fotovoltaicas la venta de su electricidad con una prima del 575 % sobre la tarifa eléctrica de referencia.
Se intentaba hacer crecer de forma exponencial la potencia instalada de las mismas y poder cumplir así los objetivos fijados en el Plan de Energías Renovables y por ende el Protocolo de Kyoto.
Recientemente el Consejo Europeo adoptó en Marzo de 2007 un paquete de medidas integrales sobre energía y cambio climático, fijando un objetivo de participación del 20% de las energías renovables en el consumo energético para el año 2020.
No entró en vigor hasta Febrero del 2005 asumiendo los Gobiernos la responsabilidad y compromiso específico en la limitación de emisiones y la promoción de las energías renovables.
El Gobierno español desarrolló el Plan de Fomento de Energías Renovables 2000-2010, que renovó con el Plan 2005-2010 donde fijó unos objetivos de potencia instalada para diferentes fuentes de energía renovables, que le permitieran alcanzar los compromisos que había firmado en el protocolo de Kyoto. En concreto estos planes fijaron un objetivo para 2010 del 12% de cobertura de las necesidades energéticas a partir de fuentes renovables.
Se consideró que la voluntad política no era suficiente, a través de diferentes decretos, y muy especialmente con el Real Decreto 436/2004 de 12 de Marzo, el Gobierno fijó un marco jurídico y económico a largo plazo destinado a favorecer la inversión privada en fuentes de energía renovables.
Entre otras medidas, las más importantes en relación a la producción de energía solar fotovoltaica fueron:
§ Garantizar a los productores de energía solar fotovoltaica la compra de toda su producción eléctrica.
§ Garantizar unos precios de venta de dicha energía muy superiores al precio de mercado y de referencia de la energía eléctrica, asegurando así la rentabilidad de las plantas de producción solar fotovoltaica.
Como ejemplo, el Real Decreto garantizaba a las plantas fotovoltaicas la venta de su electricidad con una prima del 575 % sobre la tarifa eléctrica de referencia.
Se intentaba hacer crecer de forma exponencial la potencia instalada de las mismas y poder cumplir así los objetivos fijados en el Plan de Energías Renovables y por ende el Protocolo de Kyoto.
Recientemente el Consejo Europeo adoptó en Marzo de 2007 un paquete de medidas integrales sobre energía y cambio climático, fijando un objetivo de participación del 20% de las energías renovables en el consumo energético para el año 2020.
El Gobierno español intento asumir estos objetivos previstos y ha aprobado el RD 661/2007 de 25 de mayo.
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